Diagnóstico legal y operativo
Revisamos la estructura de la persona jurídica, sus actividades, procesos, terceros, decisiones y controles existentes para delimitar brechas frente a los artículos 3 y 4 de la Ley 20.393.
Diseñamos o actualizamos un modelo conectado con los riesgos, procesos y responsables, con pruebas de que realmente se aplica en la empresa.
La Ley 20.393 vincula la adecuación del modelo con su implementación efectiva y con las características concretas de la persona jurídica: objeto, giro, tamaño, complejidad, recursos y actividades. Por eso, copiar una matriz o aprobar un manual sin conectarlo con decisiones, contratos, controles y responsables deja una brecha entre el documento y la operación.
La Ley 21.595 amplió el marco de delitos que puede dar lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas. El trabajo razonable comienza por identificar cuáles riesgos tienen relación real con los procesos de la empresa y dónde existen oportunidades de prevención, detección y respuesta.
Legalcore separa el diagnóstico, el diseño jurídico, la implementación y la evaluación independiente. Esa trazabilidad permite saber qué está aprobado, qué sigue pendiente, quién responde por cada control y qué evidencia existe, sin presentar el modelo como una garantía de exención o de ausencia de delitos.
La matriz de riesgos no refleja los procesos, terceros o delitos actualmente aplicables a la empresa.
No existe un responsable formal con independencia, facultades, recursos y acceso directo a la administración.
El canal de denuncias existe, pero faltan reglas de recepción, investigación, confidencialidad, escalamiento o cierre.
Los protocolos, procedimientos y sanciones no se han comunicado a todos los trabajadores, o la normativa interna no se ha incorporado expresamente en los contratos laborales y de servicios que corresponden.
No hay respaldo verificable de capacitaciones, controles ejecutados, reportes, investigaciones o medidas correctivas.
El modelo no contempla evaluaciones periódicas por terceros independientes ni mecanismos de mejora y actualización a partir de sus resultados.
Una operación, licitación, auditoría, inversión o revisión de contraparte exige explicar cómo funciona el modelo en la práctica.
El alcance final se define después de revisar antecedentes. Estos son los frentes que normalmente ordenamos.
Revisamos la estructura de la persona jurídica, sus actividades, procesos, terceros, decisiones y controles existentes para delimitar brechas frente a los artículos 3 y 4 de la Ley 20.393.
Relacionamos cada actividad con los delitos que podrían afectarla y documentamos controles para prevenirlos, detectarlos y responder, junto con sus responsables, frecuencia y evidencia esperada.
Preparamos o actualizamos políticas, procedimientos, reglas de aprobación, debida diligencia de terceros, canal de denuncias, investigación interna y consecuencias por incumplimiento.
Definimos el mandato del o de los responsables, su independencia, facultades, recursos, acceso a la administración, forma de informar y coordinación con las áreas de negocio.
Convertimos las definiciones aprobadas en responsables, hitos, comunicaciones, capacitaciones, registros y controles que la empresa pueda ejecutar y demostrar.
Diseñamos el ciclo de revisión y apoyamos la preparación para evaluaciones periódicas por terceros independientes. La independencia, el alcance y los posibles conflictos deben revisarse y documentarse para cada encargo.
Si no tienes todo, partimos con lo disponible y dejamos visible qué falta. No envíes claves ni información sensible por un canal no acordado.
Al terminar cada etapa sabrás qué se decidió, quién debe actuar y qué documento recibirás.
Acordamos las personas jurídicas, procesos, sedes y riesgos comprendidos; entrevistamos a responsables y ordenamos los antecedentes disponibles.
Mapa de alcance, responsables de información y registro de antecedentes faltantes.
Contrastamos el modelo existente y su evidencia con la operación y con los elementos exigidos por la Ley 20.393.
Informe de brechas priorizado, con riesgos, dependencias y próximos pasos.
Construimos la matriz, los protocolos, el gobierno y el plan de evidencia en proporción al giro, tamaño, complejidad y recursos de la organización.
Paquete documental para revisión y aprobación de la administración.
Asignamos responsables, apoyamos comunicaciones y capacitaciones, y seguimos la puesta en marcha de controles y registros acordados.
Plan de implementación con hitos, responsables, estado y evidencia asociada.
Preparamos el calendario de revisión, gestionamos hallazgos y coordinamos la planificación de evaluaciones periódicas por terceros independientes.
Plan de evaluación y mejora continua; el informe independiente se emite separadamente por quien realice esa evaluación.
Antes de empezar, la propuesta indicará qué incluye el servicio, quién participa, cómo trabajaremos y cuánto costará.
Como referencia inicial, un diagnóstico acotado puede tomar entre 2 y 4 semanas y el diseño entre 6 y 12 semanas. La implementación y el primer ciclo de evidencia suelen requerir un período adicional. Los plazos se confirman después de delimitar alcance y disponibilidad de antecedentes; no constituyen una garantía.
Honorarios definidos por alcance para levantar procesos, revisar antecedentes y entregar una brecha priorizada antes de decidir el diseño completo.
Propuesta por fases, personas jurídicas y entregables, con hitos de revisión y aprobación. Las tareas operativas o tecnológicas de terceros se identifican por separado.
Bolsa o plan recurrente para consultas, seguimiento del modelo, actualización normativa, apoyo ante alertas y control de planes correctivos, según necesidades acordadas.
El modelo debe prever evaluaciones periódicas por terceros independientes. Su alcance y honorarios se cotizan separadamente, con resguardos de independencia y conflictos definidos para el encargo.
El precio depende del alcance de cada caso. Recibirás una cotización antes de comenzar.
Revisado el 29 de julio de 2026. La existencia de documentos o certificaciones no permite asegurar por sí sola la efectividad jurídica u operacional de un modelo.
Acompañamiento recurrente para contratos, anexos, políticas internas y contingencias de personas.
Contratos tecnológicos con responsabilidades, controles, datos y gestión de terceros claramente delimitados.
Diagnóstico y plan de adecuación para el tratamiento de datos personales en empresas.
Un manual aislado no demuestra cómo se previenen y detectan riesgos. El modelo necesita responsables, controles, evidencia y revisión.
Cuéntanos qué necesitas revisar y qué plazo debes cuidar. Te diremos qué antecedentes faltan y si podemos ayudarte.