Calificación jurídica inicial
Delimitamos entidad afectada, servicios, jurisdicciones, datos, contratos y regulación aplicable. Evaluamos escenarios sin anticipar una conclusión antes de contar con antecedentes suficientes.
Ayudamos a decidir qué evidencia conservar, a quién informar y cómo comunicar el incidente, en coordinación con los equipos técnicos y de negocio.
Un ransomware, acceso no autorizado, fraude por correo, filtración o caída de sistemas obliga a decidir con información incompleta. Mientras el equipo técnico contiene el evento, la empresa debe ordenar responsables, preservar antecedentes, revisar contratos y determinar si corresponde informar a una autoridad, contraparte, aseguradora o persona afectada.
Legalcore coordina las decisiones legales y deja registro. No aislamos equipos, eliminamos malware, recuperamos respaldos ni realizamos peritajes forenses: coordinamos con el equipo TI, proveedor de respuesta o especialista forense de la empresa para que las medidas técnicas y legales no se contradigan.
Hay sistemas cifrados, cuentas comprometidas, actividad anómala o sistemas fuera de servicio sin causa confirmada.
Un tercero afirma haber extraído información o exige un pago.
Clientes, trabajadores o proveedores podrían verse afectados por el evento.
El contrato, la póliza o un regulador contempla avisos con plazos breves.
No está claro si la empresa presta un servicio esencial, si el impacto es significativo o a qué autoridad reportar.
Se están preparando comunicaciones públicas sin una cronología y hechos validados.
El alcance final se define después de revisar antecedentes. Estos son los frentes que normalmente ordenamos.
Delimitamos entidad afectada, servicios, jurisdicciones, datos, contratos y regulación aplicable. Evaluamos escenarios sin anticipar una conclusión antes de contar con antecedentes suficientes.
Revisamos si corresponde notificar al CSIRT Nacional, a una autoridad sectorial, aseguradora, cliente, proveedor o potencial afectado, con responsable, fundamento y plazo aplicable a cada caso.
Ordenamos la cronología, preguntas pendientes, hechos confirmados, responsables y criterios usados para decidir, evitando mezclar hipótesis técnicas con conclusiones jurídicas.
Definimos resguardos jurídicos y documentales junto con especialistas técnicos. La adquisición, custodia y análisis forense debe ejecutarla personal técnicamente competente.
Revisamos mensajes a directorio, trabajadores, clientes, autoridades y medios para que sean oportunos, consistentes y limitados a información verificada.
Analizamos cláusulas de seguridad, confidencialidad, continuidad, indemnidad, subencargados y cobertura para coordinar avisos y reservar derechos cuando corresponda.
Si no tienes todo, partimos con lo disponible y dejamos visible qué falta. No envíes claves ni información sensible por un canal no acordado.
Al terminar cada etapa sabrás qué se decidió, quién debe actuar y qué documento recibirás.
Confirmamos disponibilidad, conflictos, interlocutores y un canal seguro. Separamos hechos conocidos, hipótesis y decisiones inmediatas.
Ficha de activación, responsables y lista de acciones jurídicas urgentes.
Identificamos la entidad afectada, los servicios comprometidos y las normas, contratos, pólizas y autoridades que podrían resultar relevantes.
Matriz preliminar de obligaciones, avisos y plazos condicionados.
Acompañamos los hitos de la investigación técnica, formulamos preguntas y registramos decisiones sin sustituir al equipo que contiene o analiza el ataque.
Bitácora jurídica actualizada y criterios de decisión trazables.
Preparamos o revisamos los avisos que correspondan con información validada, cuidando alcance, consistencia y datos que no deban incluirse.
Borradores, versiones aprobadas y constancias de envío.
Consolidamos hallazgos, obligaciones pendientes, reservas contractuales y mejoras de gobierno derivadas del incidente.
Informe de cierre jurídico y plan priorizado de seguimiento.
Antes de empezar, la propuesta indicará qué incluye el servicio, quién participa, cómo trabajaremos y cuánto costará.
Los incidentes activos se priorizan. La activación comienza cuando confirmamos disponibilidad, conflictos, alcance inicial e interlocutores; su horario y modalidad se acuerdan para la contingencia concreta. No ofrecemos un plazo universal de cierre: la investigación técnica y los hitos regulatorios pueden modificar el trabajo.
Alcance inicial para una evaluación legal, definir responsables, revisar obligaciones urgentes y realizar la primera mesa de decisión. Se cotiza según disponibilidad, complejidad y horario requerido.
Acompañamiento flexible durante investigación, reportes, comunicaciones y coordinación con asesores técnicos o aseguradora.
Alcance definido para informe jurídico, revisión contractual y plan de correcciones una vez estabilizada la contingencia.
El precio depende del alcance de cada caso. Recibirás una cotización antes de comenzar.
Revisado el 29 de julio de 2026. Contenido informativo. Un ciberincidente exige coordinación técnica y jurídica; Legalcore no reemplaza la contención, recuperación ni investigación forense especializada.
Ordena tratamientos, seguridad, contratos y procedimientos de datos personales.
Instala seguimiento recurrente de privacidad, proveedores, derechos e incidentes.
Revisa el enfoque integral de Legalcore para ciberseguridad, datos e inteligencia artificial.
Antes de cambiar políticas o comprar herramientas, conviene entender qué datos trata la empresa, por qué los usa y quién interviene.
Cuéntanos qué necesitas revisar y qué plazo debes cuidar. Te diremos qué antecedentes faltan y si podemos ayudarte.