Ayudamos a decidir qué evidencia conservar, a quién informar y cómo comunicar el incidente, en coordinación con los equipos técnicos y de negocio.
Revisar las señalesEspacio interactivo
Marca lo que reconoces en tu empresa. No es un diagnóstico: sirve para ordenar la primera conversación con el equipo legal.
Un ransomware, acceso no autorizado, fraude por correo, filtración o caída de sistemas obliga a decidir con información incompleta. Mientras el equipo técnico contiene el evento, la empresa debe ordenar responsables, preservar antecedentes, revisar contratos y determinar si corresponde informar a una autoridad, contraparte, aseguradora o persona afectada.
Legalcore coordina las decisiones legales y deja registro. No aislamos equipos, eliminamos malware, recuperamos respaldos ni realizamos peritajes forenses: coordinamos con el equipo TI, proveedor de respuesta o especialista forense de la empresa para que las medidas técnicas y legales no se contradigan.
El alcance final se define después de revisar antecedentes. Estos son los frentes que normalmente ordenamos.
Delimitamos entidad afectada, servicios, jurisdicciones, datos, contratos y regulación aplicable. Evaluamos escenarios sin anticipar una conclusión antes de contar con antecedentes suficientes.
Revisamos si corresponde notificar al CSIRT Nacional, a una autoridad sectorial, aseguradora, cliente, proveedor o potencial afectado, con responsable, fundamento y plazo aplicable a cada caso.
Ordenamos la cronología, preguntas pendientes, hechos confirmados, responsables y criterios usados para decidir, evitando mezclar hipótesis técnicas con conclusiones jurídicas.
Definimos resguardos jurídicos y documentales junto con especialistas técnicos. La adquisición, custodia y análisis forense debe ejecutarla personal técnicamente competente.
Revisamos mensajes a directorio, trabajadores, clientes, autoridades y medios para que sean oportunos, consistentes y limitados a información verificada.
Analizamos cláusulas de seguridad, confidencialidad, continuidad, indemnidad, subencargados y cobertura para coordinar avisos y reservar derechos cuando corresponda.
Si no tienes todo, partimos con lo disponible y dejamos visible qué falta. No envíes claves ni información sensible por un canal no acordado.
Al terminar cada etapa sabrás qué se decidió, quién debe actuar y qué documento recibirás.
Confirmamos disponibilidad, conflictos, interlocutores y un canal seguro. Separamos hechos conocidos, hipótesis y decisiones inmediatas.
Resultado de la etapa
Ficha de activación, responsables y lista de acciones jurídicas urgentes.
Identificamos la entidad afectada, los servicios comprometidos y las normas, contratos, pólizas y autoridades que podrían resultar relevantes.
Resultado de la etapa
Matriz preliminar de obligaciones, avisos y plazos condicionados.
Acompañamos los hitos de la investigación técnica, formulamos preguntas y registramos decisiones sin sustituir al equipo que contiene o analiza el ataque.
Resultado de la etapa
Bitácora jurídica actualizada y criterios de decisión trazables.
Preparamos o revisamos los avisos que correspondan con información validada, cuidando alcance, consistencia y datos que no deban incluirse.
Resultado de la etapa
Borradores, versiones aprobadas y constancias de envío.
Consolidamos hallazgos, obligaciones pendientes, reservas contractuales y mejoras de gobierno derivadas del incidente.
Resultado de la etapa
Informe de cierre jurídico y plan priorizado de seguimiento.
Antes de empezar, la propuesta indicará qué incluye el servicio, quién participa, cómo trabajaremos y cuánto costará.
Los incidentes activos se priorizan. La activación comienza cuando confirmamos disponibilidad, conflictos, alcance inicial e interlocutores; su horario y modalidad se acuerdan para la contingencia concreta. No ofrecemos un plazo universal de cierre: la investigación técnica y los hitos regulatorios pueden modificar el trabajo.
Puede variar según
El precio depende del alcance de cada caso. Recibirás una cotización antes de comenzar.
Preguntas frecuentes
No necesariamente. La Ley 21.663 establece deberes para las instituciones comprendidas en su ámbito y exige reportar determinados incidentes que puedan tener efectos significativos. Antes de informar, debe revisarse la entidad afectada, el servicio prestado, el impacto y las instrucciones vigentes. También pueden existir obligaciones sectoriales o contractuales distintas.
No se aplica a cualquier incidente ni a toda empresa. Para las instituciones comprendidas en el artículo 4, la alerta temprana debe enviarse al CSIRT Nacional dentro de un máximo de tres horas desde que se conoce un incidente que pueda tener efectos significativos. Luego existe una actualización dentro de 72 horas —o de 24 horas para un operador de importancia vital cuyo servicio esencial resulte afectado— y un informe final dentro de 15 días corridos desde la alerta. La calificación y cada cómputo deben revisarse con los hechos disponibles.
No. Aislar los sistemas, eliminar el malware, recuperar la operación y obtener evidencia técnica corresponden al equipo TI o a especialistas técnicos. Legalcore dirige el frente jurídico: reportes, evidencia, contratos, comunicaciones, registro de decisiones y coordinación con esos especialistas.
No existe un aviso universal e inmediato para todo incidente. Bajo la Ley 21.663, los operadores de importancia vital deben informar a potenciales afectados identificables cuando lo requiera la ANCI en los casos legales. Desde el 1 de diciembre de 2026, la Ley 19.628 reformada exigirá además comunicar al titular determinadas vulneraciones que involucren datos sensibles, datos de menores de 14 años o datos económicos, financieros, bancarios o comerciales. También pueden aplicar reglas sectoriales, contractuales o de seguros.
No existe una respuesta automática. La decisión exige evaluar continuidad, legalidad, sanciones o restricciones aplicables, póliza, trazabilidad del pago, riesgo de nueva extorsión y recomendaciones de especialistas. El pago no garantiza recuperación, eliminación de copias ni ausencia de nuevos ataques.
Preserva la cronología y los mensajes recibidos, limita el acceso a quienes necesitan intervenir y sigue el plan técnico de contención de tu organización. No borres registros ni manipules equipos para obtener evidencia por cuenta propia. En el formulario inicial no adjuntes contraseñas, llaves, malware o bases de datos; coordinaremos un canal seguro.
No. Una respuesta ordenada permite identificar obligaciones, documentar decisiones y reducir errores evitables, pero el resultado depende de los hechos, el impacto, la evidencia, la actuación de terceros y el criterio de las autoridades o tribunales.
Revisado el . Contenido informativo. Un ciberincidente exige coordinación técnica y jurídica; Legalcore no reemplaza la contención, recuperación ni investigación forense especializada.
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Antes de una filtración, la empresa debe saber quién decide, qué hechos registrar, qué regímenes revisar y cómo conservar evidencia bajo presión.
Antes de cambiar políticas o comprar herramientas, conviene entender qué datos trata la empresa, por qué los usa y quién interviene.
Siguiente paso
Cuéntanos qué necesitas revisar y qué plazo debes cuidar. Te diremos qué antecedentes faltan y si podemos ayudarte.
